Procurador inicia juicio de sucesión del ex dictador Alfredo Stroessner
El procurador general de la República Nelson Mora promovió ayer un juicio de sucesión del general Alfredo Stroessner. Es para recuperar las millonarias sumas que el Estado debe pagar como indemnización a víctimas de la dictadura.
La acción, presentada con el patrocinio del procurador adjunto Neri Fleitas, explica que tras el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 que derrocó a Stroessner, el Estado ha sido recibido una serie de demandas de indemnización tanto a nivel nacional como internacional, por víctimas y familiares de presos políticos apresados, torturados y desaparecidos durante esta oscura etapa de nuestra historia.
Mora aclara que el crédito se origina desde el momento en que el Estado paraguayo asume la responsabilidad por los actos ilícitos cometidos por las autoridades que ostentaron el poder y dicha situación otorga al Estado paraguayo el derecho de repetir de aquel que lo causó por dolo o culpa propia.La acción refiere que solamente en los juicios promovidos por los ex presos políticos Napoleón Ortigoza, Escolástico Osvaldo e Hilario Ortellado, existen sentencias judiciales que condenan al Estado al pago de G. 7.000 millones.A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado debe pagar un total de US$ 235.000 en concepto de resarcimiento por daño material a familiares de Agustín Goiburú, Carlos Mancuello y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, disidentes políticos desaparecidos durante la tenebrosa dictadura stronista. El fallo citado anteriormente obliga igualmente al Estado al pago de otros US$ 653.000, en concepto de daños inmateriales, además de US$ 20.000 en concepto de costas, con lo que el total general correspondiente a las obligaciones derivadas de las condenas internacionales es de US$ 908.000.
La acción, presentada con el patrocinio del procurador adjunto Neri Fleitas, explica que tras el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 que derrocó a Stroessner, el Estado ha sido recibido una serie de demandas de indemnización tanto a nivel nacional como internacional, por víctimas y familiares de presos políticos apresados, torturados y desaparecidos durante esta oscura etapa de nuestra historia.
Mora aclara que el crédito se origina desde el momento en que el Estado paraguayo asume la responsabilidad por los actos ilícitos cometidos por las autoridades que ostentaron el poder y dicha situación otorga al Estado paraguayo el derecho de repetir de aquel que lo causó por dolo o culpa propia.La acción refiere que solamente en los juicios promovidos por los ex presos políticos Napoleón Ortigoza, Escolástico Osvaldo e Hilario Ortellado, existen sentencias judiciales que condenan al Estado al pago de G. 7.000 millones.A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado debe pagar un total de US$ 235.000 en concepto de resarcimiento por daño material a familiares de Agustín Goiburú, Carlos Mancuello y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, disidentes políticos desaparecidos durante la tenebrosa dictadura stronista. El fallo citado anteriormente obliga igualmente al Estado al pago de otros US$ 653.000, en concepto de daños inmateriales, además de US$ 20.000 en concepto de costas, con lo que el total general correspondiente a las obligaciones derivadas de las condenas internacionales es de US$ 908.000.
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